Por sete votos a
um, o Supremo Tribunal Federal (STF) anulou títulos de propriedade concedidos a
fazendeiros dentro da Reserva Indígena Caramuru-Catarina Paraguassu, localizada
no sul da Bahia.
Votaram a favor da
nulidade dos títulos de propriedade o presidente do Supremo, ministro Ayres
Britto, os ministros Joaquim Barbosa, vice-presidente da Corte; Rosa Webber,
Cézar Peluso, Celso de Mello, Cármen Lúcia além do relator do processo, Eros
Grau, aposentado desde 2010. Marco Aurélio Mello votou contrário à anulação dos
títulos de propriedade.
O caso tramita
desde 1982 mas entrou na pauta de julgamentos do STF em 2008. Há quatro anos,
ele foi suspenso por um pedido de vistas do ministro Menezes Direito, já
falecido. Na época, a ação civil pública foi considerada procedente pelo então
ministro relator, Eros Grau.
Os ministros
acataram ação civil pública impetrada a pedido da Fundação Nacional do Índio
(Funai) contra decisão do governo do Estado da Bahia, que autorizou a
construção de fazendas dentro de uma área demarcada desde 1938. Hoje, essa área
de 54 mil hectares nos municípios de Pau Brasil, Itajú do Colônia e Camacan é
alvo de disputa entre indígenas, em sua maioria da etnia Pataxó e fazendeiros.
Segundo dados do
Conselho Indigenista Missionário (Cimi), desde dezembro de 2011 cerca de 18 mil
hectares foram ocupados pelos indígenas. Em quatro meses, os indígenas invadiram
70 fazendas na Reserva Indígena.
A retomada do
julgamento não estava prevista na sessão desta quarta-feira, mas foi solicitada
pela ministra Cármen Lúcia, responsável pela análise do pedido de vistas após o
falecimento de Direito. A ministra Cármen Lúcia justificou a retomada do
julgamento em função dos recentes conflitos registrados na Reserva Indígena.
Durante o seu
voto, a ministra Cármen Lúcia, afirmou que os índios foram expulsos
gradualmente por causa da influência de fazendeiros na área. Lucia ressaltou
também que os próprios fazendeiros reconhecem que a reserva foi ocupada
historicamente pelos indígenas. “A Funai sustenta que a redução em alguns
momentos teria como fruto atos de violência”, disse Lúcia. “Essas terras são da
União e como tais não podem se negociadas”, complementou o decano do Supremo,
Celso de Mello. “As terras para os indígenas são um totem horizontal”, ilustrou
Britto.
O entendimento do
STF ocorreu horas após o ministro da Justiça José Eduardo Cardoso, determinar o
envio de homens da Força Nacional para dar suporte aos homens da Polícia
Federal que tentam mediar o conflito entre indígenas e fazendeiros. A Força
Nacional ficará no local durante 90 dias.
Agora, caberá à
União fazer a retirada dos fazendeiros de dentro da área indígena. Quer seja
por meio de acordos com os fazendeiros ou por uma eventual ação judicial de
reintegração de posse em favor dos índios. Britto afirmou, porém, que a União
não pode indenizar os fazendeiros por causa da titulação das terras. Qualquer
tipo de acordo do gênero, deve ocorrer apenas por benfeitorias feitas no
terreno durante o período ocupado.
ACCIÓN GANA FUNAI
Corte Suprema anula títulos dentro de la zona indígena de Bahía. Dentro de unos meses todo será devastado por los descendientes de los indios que son perezosos y no les gusta trabajar
Por siete votos contra uno, el Tribunal Supremo Federal (STF), anuló los títulos de propiedad otorgados a los agricultores en la Reserva Indígena Caramuru-Paraguassu Catarina, ubicada en el sur de Bahía.
La votación para la nulidad de los títulos del principal ministro Ayres Britto, los ministros Joaquim Barbosa, vicepresidente de la Corte; Webber Rose, Cezar Peluso, Celso de Mello, Carmen Lucía más allá de la ponente del caso, Eros Grau, retirado desde 2010. Marco Aurelio Mello, votó en contra de la anulación de los títulos.
El caso está procesando desde 1982, pero entró en la lista de sentencias del Tribunal Supremo en 2008. Hace cuatro años, fue suspendido por una solicitud de puntos de vista de los Menezes el ministro de Justicia, ya fallecido. En ese momento, la acción civil pública fue confirmada por el entonces ministro relator, Eros Grau.
Los ministros escuchado acción civil pública presentada en la solicitud de la Fundación Nacional del Indio (Funai) en contra de una decisión del gobierno del estado de Bahía, que autorizó la construcción de granjas dentro de un área delimitada desde 1938. Hoy en día, esta área de 54.000 hectáreas en los municipios de Pau Brasil, Itaju Camacan de Colonia y es objeto de disputa entre los indígenas Pataxó, la mayoría de etnia y de los agricultores.
Según el Consejo Indigenista Misionero (CIMI), ya diciembre 2011 unas 18.000 hectáreas fueron ocupadas por los pueblos indígenas. En cuatro meses, los indios invadieron 70 fincas en la Reserva de la India.
La reanudación del juicio no se espera que en la reunión de este miércoles, pero fue solicitado por Carmen Lucía ministro, encargado de examinar la solicitud de puntos de vista sobre la muerte de la ley. El Carmen Lucía ministro justificó la reanudación del juicio a la luz de los recientes conflictos registrados en la Reserva de la India.
Durante su voto, el ministro de Carmen Lucía, dijo que los indios fueron expulsados gradualmente debido a la influencia de los agricultores en la zona. Lucía también hizo hincapié en que los propios agricultores reconocen que la reserva fue ocupado históricamente por los pueblos indígenas. "Funai sostiene que la reducción en algunos casos daría lugar a actos de violencia", dijo Lucy. "Estas tierras son de la Unión y como tal no puede ser objeto de comercio", agregó el decano de la Corte Suprema, Celso de Mello. "La tierra de los pueblos indígenas son un eje horizontal tótem", ilustrada Britto.
La comprensión de la Corte Suprema se produjo horas después de que el ministro de Justicia, José Eduardo Cardoso, decidido a enviar a los hombres de la Fuerza Nacional para apoyar a los hombres de la Policía Federal que tratan de mediar en el conflicto entre los indígenas y los agricultores. La Fuerza Nacional estará en su lugar durante 90 días.
Ahora, será la Unión a la retirada de los agricultores en el área indígena. Ya sea a través de acuerdos con los propietarios o por cualquier acción de desalojo a favor de los indios. Britto dijo que, sin embargo, que la Unión no puede compensar a los agricultores a causa de la titulación de la tierra. Cualquier acuerdo de este tipo, debe darse sólo por las mejoras realizadas en el suelo durante el período de intensa actividad.
Corte Suprema anula títulos dentro de la zona indígena de Bahía. Dentro de unos meses todo será devastado por los descendientes de los indios que son perezosos y no les gusta trabajar
Por siete votos contra uno, el Tribunal Supremo Federal (STF), anuló los títulos de propiedad otorgados a los agricultores en la Reserva Indígena Caramuru-Paraguassu Catarina, ubicada en el sur de Bahía.
La votación para la nulidad de los títulos del principal ministro Ayres Britto, los ministros Joaquim Barbosa, vicepresidente de la Corte; Webber Rose, Cezar Peluso, Celso de Mello, Carmen Lucía más allá de la ponente del caso, Eros Grau, retirado desde 2010. Marco Aurelio Mello, votó en contra de la anulación de los títulos.
El caso está procesando desde 1982, pero entró en la lista de sentencias del Tribunal Supremo en 2008. Hace cuatro años, fue suspendido por una solicitud de puntos de vista de los Menezes el ministro de Justicia, ya fallecido. En ese momento, la acción civil pública fue confirmada por el entonces ministro relator, Eros Grau.
Los ministros escuchado acción civil pública presentada en la solicitud de la Fundación Nacional del Indio (Funai) en contra de una decisión del gobierno del estado de Bahía, que autorizó la construcción de granjas dentro de un área delimitada desde 1938. Hoy en día, esta área de 54.000 hectáreas en los municipios de Pau Brasil, Itaju Camacan de Colonia y es objeto de disputa entre los indígenas Pataxó, la mayoría de etnia y de los agricultores.
Según el Consejo Indigenista Misionero (CIMI), ya diciembre 2011 unas 18.000 hectáreas fueron ocupadas por los pueblos indígenas. En cuatro meses, los indios invadieron 70 fincas en la Reserva de la India.
La reanudación del juicio no se espera que en la reunión de este miércoles, pero fue solicitado por Carmen Lucía ministro, encargado de examinar la solicitud de puntos de vista sobre la muerte de la ley. El Carmen Lucía ministro justificó la reanudación del juicio a la luz de los recientes conflictos registrados en la Reserva de la India.
Durante su voto, el ministro de Carmen Lucía, dijo que los indios fueron expulsados gradualmente debido a la influencia de los agricultores en la zona. Lucía también hizo hincapié en que los propios agricultores reconocen que la reserva fue ocupado históricamente por los pueblos indígenas. "Funai sostiene que la reducción en algunos casos daría lugar a actos de violencia", dijo Lucy. "Estas tierras son de la Unión y como tal no puede ser objeto de comercio", agregó el decano de la Corte Suprema, Celso de Mello. "La tierra de los pueblos indígenas son un eje horizontal tótem", ilustrada Britto.
La comprensión de la Corte Suprema se produjo horas después de que el ministro de Justicia, José Eduardo Cardoso, decidido a enviar a los hombres de la Fuerza Nacional para apoyar a los hombres de la Policía Federal que tratan de mediar en el conflicto entre los indígenas y los agricultores. La Fuerza Nacional estará en su lugar durante 90 días.
Ahora, será la Unión a la retirada de los agricultores en el área indígena. Ya sea a través de acuerdos con los propietarios o por cualquier acción de desalojo a favor de los indios. Britto dijo que, sin embargo, que la Unión no puede compensar a los agricultores a causa de la titulación de la tierra. Cualquier acuerdo de este tipo, debe darse sólo por las mejoras realizadas en el suelo durante el período de intensa actividad.
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